El C.P. Carlos Padilla Villavicencio, Titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, presentó su Declaración de Situación Patrimonial, ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado de Baja California

El día 31 de mayo de 2018, concluyó el plazo para que los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), presentaran su “Declaración de Situación Patrimonial”, de acuerdo a lo que estipula la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, las cuales obligan a presentar Declaración de Situación Patrimonial ante la autoridad correspondiente y bajo protesta de decir verdad.

El Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Baja California en funciones por disposición de Ley, C.P. Carlos Padilla Villavicencio, presentó su Declaración de Situación Patrimonial ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 81 Ter, fracción I, 168 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; así como los Artículos 3, fracciones VI y VIII, 32, 33, 46 y demás relativos a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, vigente a partir del 1ro de enero de 2018 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 07 de agosto de 2017, cuya vigencia abroga a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Local.

 

En este sentido, el Titular de la ASEBC, señaló que el deber de declarar es transparentar y una oportunidad para que la sociedad confíe en quienes desempeñan la función gubernamental; por ello, quien incumpla con esta obligación será objeto de sanción, amonestación pública o inclusive la autoridad podrá inhabilitar al infractor para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Asimismo, la nueva Ley establece en el Artículo 16 que los servidores públicos deberán observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Sindicaturas o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Estatal Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.

 

Para ello, el Artículo 32 de la Ley en mención obliga a todos los servidores públicos a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría, Sindicaturas o su respectivo Órgano interno de control, así como su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Los plazos para su presentación son los siguientes: 1. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del ingreso al servicio público por primera vez; reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; 2. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año; y 3. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión. En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión.

De acuerdo a lo anterior, todos los entes públicos que están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de respeto a la dignidad de las personas, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos deberán actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que atribuyan su empleo, cargo o comisión; conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización; satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva; actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades; administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución; corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general; evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones; y abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado.