La ASEBC en coordinación con el INDETEC, impartieron el curso “Disposiciones en la Ley de Disciplina Financiera para las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos de Prestaciones de Servicio (PPS)”

El día 15 de febrero de 2018, la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), en coordinación con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), impartieron el curso “Disposiciones en la Ley de Disciplina Financiera para las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos de Prestaciones de Servicio (PPS)”, a servidores públicos de la ASEBC, a fin de conocer los ordenamientos jurídico-administrativos y algunas herramientas cuantitativas para evaluar proyectos de infraestructura pública mediante esquemas de asociaciones público-privadas dentro del marco de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios (LDFEM). 

Antes de dar inicio el C.P. Carlos Padilla Villavicencio, Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Baja California en funciones por disposición de Ley, agradeció la valiosa aportación de la investigadora del INDETEC, Mtra. Xóchitl Livier de la O Hernández, por la impartición del curso; quien en su presentación expuso que las APP de acuerdo al Artículo 2 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, son aquellos proyectos que se realizan con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado, con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país.

De esta forma la amortización de los recursos privados se realiza a largo plazo y al final de la relación contractual el gobierno recupera las obras o servicios públicos involucrados. Esto es que las APP se ejecutan con base en un contrato para proveer infraestructura y servicios de largo plazo, con el cual un inversionista proveedor presta servicios de apoyo de manera integral, a una dependencia o entidad pública para que ésta preste servicios públicos. Sin embargo, los proyectos de asociación público-privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento.

El Artículo 13 de la LDFEM señala que tratándose de proyectos de inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un esquema de asociación público-privada, las entidades federativas y sus entes públicos deberán acreditar por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho esquema, en comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado. Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de Internet de las secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales.

En este sentido, observamos una obligación legal para acreditar la conveniencia de contratar bajo esta modalidad en los Artículos 14, fracción IX y 17 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, y 26, 29 y 31 de su Reglamento, ya que las dependencias o entidades interesadas, deberán evaluar y demostrar dicha conveniencia para realizar los proyectos bajo este esquema frente a otros tipos de inversión. Además, dentro de la evaluación deberán incorporar un análisis costo-beneficio, la rentabilidad del proyecto, la pertinencia de la oportunidad del plazo en que tendrá inicio, así como la alternativa de realizar otro proyecto o llevarlo a cabo con una forma distinta de financiamiento, para lo cual deberán aplicar los lineamientos que al efecto determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC).